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La
movilidad y la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Ante la inminente sanción
de la Ley de Movilidad que se debatirá y votará el próximo
miércoles 1 de octubre en la HCSN, es bueno recordarle a
señores Senadores que las bancas que están ocupando
son de sus provincias y no del partido al que pertenecen.
La ciudadanía toda espera
que estén a la altura de las circunstancias e introduzcan
las modificaciones que correspondan al proyecto de Ley enviado
por la Cámara baja.
Estamos convencidos que la
fórmula de reajuste así como está, es nefasta y perjudicial
para los intereses de los actuales y futuros jubilados.
A causa de ello, consideramos que debe ser eliminada y cambiada
por RIPTE directo, u otro índice que esté atado a la variación
del salario de los actuales trabajadores, como así también
debe ser retroactiva para reconstruir la "pirámide
jubilatoria" que ésta y administraciones anteriores
destruyeron, utilizando medidas electoralistas en desmedro
del aportante genuino al sistema.
No obstante, a pesar que
se está dando un paso muy importante en tratar una Ley de
Movilidad, creemos que nuestro actual Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24241) con sus más de 800
parches, adolece de una infinidad de defectos y su estructura
básica debe ser revisada y modificada.
Por tal motivo la Asociación
50 a 60 (www.asociacion50a60.org.ar) viene proponiendo
que hasta que no encaremos una Reforma Previsional profunda,
sobre la base de nuestra propia realidad política, económica
y social, con la participación de todo el arco político,
con la representación legislativa en el Congreso y todas
las fuerzas vivas de la comunidad, jamás arribaremos
a un sistema previsional integral, justo, transparente
y equitativo que compatibilice las mejores opciones y que
beneficie a todos los ciudadanos.
Por último, si bien es cierto
que los fondos del sistema previsional están amparados por
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público
de Reparto (FGS) y con ello se busca asegurar a los jubilados
que estén disponibles para afrontar imprevistos, también
debería considerarse que el Estado debe tutelar dichos fondos
garantizando así el derecho de la Seguridad Social que se
funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno
estado de justicia social.
DIOS ILUMINE Y LLEVE CLARIDAD
A NUESTROS LEGISLADORES.
Mario Di Bona
Secretario
ASOCIACION 50 A 60
www.asociacion50a60.org.ar
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